Introducción.

Desde hace siglos, los territorios del Vinalopó y el Alacantí han ido evolucionando en el límite de lo que permitían las tecnologías de obtención de agua de cada momento. En esta situación de limitación crónica de recursos, la obtención del agua del Júcar que salía al mar por Cullera, 100 km más al norte, ha constituido desde hace siglos una aspiración histórica de los territorios alicantinos, y su reivindicación ha sido objeto de conflictos periódicos entre las ciudades del Júcar y las ciudades del Vinalopó.

En la actualidad se está viviendo un nuevo episodio de esta confrontación hídrica secular. Sin embargo, aunque el conflicto está generando una visible tensión en el escenario político y mediático, en la realidad ha perdido toda su razón de ser, debido a la aparición de dos cambios de hondo calado en el estatus hidrológico de la región, que cabe calificar de históricos, y que se han materializado en los últimos veinte años:

- En las décadas de 1980 y 1990, mientras los territorios de Valencia y Alicante persistían en su pelea sempiterna por el Júcar, un tercer actor, nacido al calor de las subvenciones europeas –el regadío extensivo de La Mancha Oriental- se ha apoderado por vía de facto de los caudales en discordia, y quizá de algunos más, y ha logrado el reconocimiento de su nuevo derecho en la planificación hidrológica.

- El desarrollo de las tecnologías de desalación del agua de mar ha generado nuevas disponibilidades de recursos locales en condiciones muy asequibles, liberando a las comarcas costeras alicantinas de sus históricas limitaciones hídricas, y de la dependencia que padecían respecto a la disponibilidad creciente de caudales procedentes del interior.

Estas dos transformaciones definen actualmente el escenario hidrológico en las cuencas vecinas del Júcar y el Vinalopó, pero la planificación hidrológica vigente no las ha tomado en consideración. Lamentablemente, el Banco Europeo de Inversiones tampoco las ha incorporado como premisas básicas de su evaluación del proyecto Júcar-Vinalopó. Sin embargo, si estos dos hechos básicos no se incorporan al análisis con todo su alcance, las conclusiones que se obtengan serán equivocadas, como lo han sido las del Banco Europeo de Inversiones, y será muy difícil hallar una solución adecuada y viable para un conflicto que a día de hoy está tan enconado como falto de justificación real.

El estado actual del Júcar

El efecto de los regadíos de La Mancha Oriental

El desarrollo de los regadíos extensivos de la Mancha Oriental desde principios de los años 1980 ha tenido graves consecuencias para el equilibrio hidrológico del Júcar. El río no sólo ha perdido el caudal base que recibía del acuífero de la Mancha, sino que ha quedado colgado sobre su acuífero en varios tramos, por lo que desde hace años el río cede caudales importantes caudales al acuífero, en vez de recibirlos del mismo.

La cuantificación de la pérdida real de caudal que ha experimentado el río por las extracciones en La Mancha ha sido objeto de múltiples estudios desde hace años, sin resultados concluyentes. El estudio más reciente ha incluido la construcción de un modelo tridimensional para simular el comportamiento del acuífero, pero sus resultados aún no han sido publicados . En ausencia de esa información, se han comparado sencillamente las aportaciones medias del Júcar en Tous en sucesivos períodos temporales progresivamente más cercanos. La disminución del caudal es muy notoria, como se puede observar en la tabla adjunta:

Aportaciones medias del Júcar en Tous
Período de aforos Hm3/año
1914-1980 1.366
1981-2002 810
1992-2002 745
2000-2002 569

Las razones que explican esta reducción del caudal están sujetas a discusión. Según la documentación técnica de la Cuenca Piloto del Júcar , el volumen de las extracciones en el acuífero de La Mancha se ha ido elevando progresivamente desde comienzos de los años 1980 hasta el año 2002, en el que se habría estabilizado en unos 330 hm3 anuales. Sin embargo, este volumen de extracción no encaja con el rango de las reducciones observadas en las aportaciones del río, que parecen ser muy superiores. Por otra parte, las diferentes estimaciones sobre la superficie irrigada oscilan entre 90.000 y algo más de 100.000 hectáreas, con importante presencia de maíz y otros cultivos herbáceos que difícilmente se pueden mantener en La Mancha con las dotaciones de 300-400 litros/m2-año resultantes de las extracciones oficiales.

En su informe sobre la conducción Júcar-Vinalopó, el BEI recoge las dudas que subsisten respecto a la situación en La Mancha Oriental y, en general, sobre la evolución de los caudales del Júcar: “de hecho, la tendencia no ha podido ser explicada y ha sido llamada “efecto ochenta” . El “efecto ochenta” es un término acuñado en los círculos de la planificación hidrológica, que alude genéricamente al ciclo seco iniciado en los años 1980 para justificar las mermas de caudales y otras anomalías que se vienen observando en el Júcar. El BEI reconoce que la periodicidad de este tipo de ciclos “no ha podido ser estadísticamente probada”.

En cualquier caso, el BEI señala en su informe (p. 38) que el nivel piezométrico del acuífero viene descendiendo “al ritmo de 1 metro por año”. Los datos presentados gráficamente en la documentación de la Cuenca Piloto del Júcar (pág 89) corroboran esta tendencia. El BEI espera que “las medidas que están planeadas para reducir las extracciones en el acuífero de la Mancha Oriental resulten en una mitigación de este efecto” (pág 13). Sin embargo, pese a que buena parte de esas medidas ya han sido supuestamente adoptadas, los niveles de los acuíferos continúan descendiendo, como se puede comprobar en la evolución reciente de los niveles piezométricos en los acuíferos más representativos de la Mancha Oriental, pese a que desde mediados de 2002 se vienen registrando precipitaciones superiores a la media:

El BEI ha reunido información suficiente para comprobar que en los últimos años se asiste a una progresiva revisión institucional, siempre a la baja, de los caudales medios del Júcar. Diversos indicios apuntan a que estos caudales habrían sido ampliamente sobreestimados en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (PHCJ) de 1997. Cada nuevo análisis o informe sobre este tema recorta de modo apreciable la evaluación de los recursos:

Aportaciones naturales del Júcar. Hm3/año.
Fuente documental Tous TOTAL
PHCJ 1997 1.577 2.027
PHN 2000 1.441 1.789
PHCJ según Cuestionario BEI 2003 1.481 1.647
DGOH Estudio utilización conjunta 2002 1.340 1.559

En el PHCJ, los datos de base sobre los recursos proceden de estudios fechados en 1989 y 1990 . Por su parte, el PHN asumió formalmente los criterios del PHCJ para el análisis de los recursos, pero “extendiéndose ahora las nuevas series mensuales hasta el año hidrológico 1995/96” . El tercer y cuarto informes cabe suponer que incorporan datos más recientes, lo cual se traduce en menores aportaciones medias.

Entre el primero y el último documento se aprecia una diferencia en las aportaciones totales del Júcar de 468 hm3/año, lo cual representa el 23% de la evaluación inicial del PHCJ, sobre la que se estableció la viabilidad del trasvase Júcar-Vinalopó.

Mientras el PHCJ consideraba al Júcar excedentario en recursos, el PHN dictaminó la necesidad de aportar a este sistema de explotación un total de 63 hm3/año de agua del Ebro, y ello aún contando con los ahorros derivados de la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera, que no habían sido considerados en el PHCJ. Es interesante constatar que el volumen de la entrega prevista en el trasvase del Ebro para el Júcar se mantuvo sin variación, pese a la nueva reducción de los recursos que se desprendía del estudio de utilización conjunta de 2002.

En conjunto, la cuestión de los recursos del Júcar es objeto desde hace años de una constante controversia, y es crecientemente reconocido que los caudales sobre los que se basó la planificación vigente no respondían a la realidad.

Si se asumen como ciertas las evaluaciones de recursos más recientes, el PHCJ habría asignado caudales inexistentes no sólo al trasvase Júcar-Vinalopó, sino también a otros usos con mayor prioridad en la cuenca. Tampoco los 63 hm3 que supuestamente iba a aportar el trasvase del Ebro habrían podido satisfacer las demandas comprometidas, ni aún contando con los ahorros de la ARJ, y manteniendo el bajo Júcar sin caudal mínimo alguno a partir de Antella, como está en la actualidad. La sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental parece ser bastante más grave de lo que aparece en los registros oficiales, y unida quizá a otros fenómenos no bien conocidos, ha dejado el tramo inferior de la cuenca en una situación insostenible.

Lamentablemente, el BEI no ha sacado en su informe las conclusiones adecuadas de esta situación, que no son otras que la notoria inseguridad de que estén disponibles en el futuro los caudales que se pretende trasvasar. Esta inseguridad se agudiza cuando la Comisión Europea ha impuesto la obligación de establecer un caudal ecológico mínimo en el bajo Júcar (hoy en día inexistente), y de atender las necesidades ecológicas de la Albufera, actualmente no cubiertas por los caudales circulantes, como se verá más adelante.

El BEI trata de pasar por encima de esta cuestión rechazando las alegaciones realizadas por las ONG’s en este punto, con la justificación de que “estas ONG’s usan datos de los caudales registrados en Millares en los dos últimos años”, frente a los estudios “preparados por expertos consultores bajo contrato” (pág.40). Esta afirmación es, además de injusta, totalmente falsa, y podría ser malintencionada. La documentación presentada por las ONG’s en su queja de 20 de junio de 2003 ante la Comisión, aportaba datos comparativos de los caudales medios desde 1914, elaborados con diferentes horizontes temporales. De hecho, en el Anexo 06 de la queja se entregó un CD-Rom con todos los datos de aforos del sigo XX, y se preparó un resumen numérico y gráfico de los principales aforos en el Anexo 7. La existencia de ambos anexos, y una indicación de sus contenidos, se reseñaba en el texto de la queja . Por otra parte, la suposición gratuita de que los “expertos consultores bajo contrato” presentan mayores competencias que las ONG’s y las entidades científicas que las asesoran, resulta insultante, refleja una cultura corporativa y una actitud ante las ONG’s propia de otras épocas, y las ONG’s firmantes de la queja solicitarán que sea formalmente retirada por el BEI.

La crisis ambiental del Bajo Júcar

En el Bajo Júcar, en un contexto de grave insuficiencia de recursos como el que se ha descrito someramente en el punto anterior, la administración hidrológica tiene que asumir al menos dos obligaciones ambientales nada fáciles de cumplir:

- La consecución del buen estado ecológico de la Albufera, humedal RAMSAR clasificado en 1990 como de importancia internacional, para lo que se necesitan unas garantías de caudal, en cantidad y calidad, actualmente inexistentes.

- La restauración y el buen estado ecológico del último tramo del río, que está clasificado como LIC, y al que hay que atribuirle y respetar un caudal ecológico que actualmente no tiene, según las condiciones impuestas por la Comisión Europea para la financiación del trasvase del Júcar-Vinalopó

Frente a esta situación, el BEI no se refiere ni una sola vez en su informe a las obligaciones de la Directiva Marco de Aguas de alcanzar un buen estado ecológico de ambas masas de agua, en las cuales, siendo masas de agua protegidas, no sería fácil conseguir la derogación de la obligación de alcanzar el buen estado ecológico, como parece que pretendía el anterior gobierno español, al menos por lo que respecta al bajo Júcar.

La Albufera de Valencia, un humedal RAMSAR amenazado

Ante la evidente ausencia de recursos en el Júcar, la Administración anterior defendió ante la Comisión Europea y ante el BEI que el trasvase Júcar-Vinalopó tenía como finalidad el aprovechamiento de los ahorros obtenidos mediante la “modernización” de los regadíos de la Ribera. Sin embargo, este proyecto, que se encuentra ya en ejecución, no ha tenido en cuenta que la Albufera vive precisamente de la “ineficiencia” de estos riegos. La Dra. Mª Rosa Miracle, Catedrática de Ecología de la Universidad de Valencia, describe así el impacto de este proyecto en la Albufera:

El impacto generado por las obras de modernización de riegos dentro del ámbito del Parque Natural consiste básicamente en la canalización mediante encaje hormigonado de las acequias para evitar pérdidas, lo cual conlleva la artificialización del sistema, el aumento de la velocidad de tránsito del agua y la reducción al máximo de la capacidad captadora de nutrientes y otros contaminantes por el bentos, perifiton y helófitos, que en la actualidad recubren estos cauces naturalizados, lo que supondrá un aporte directo al lago de toda esta contaminación, además de la pérdida del hábitat anfibio y la vegetación ribereña, la reducción de la diversidad de hábitats y la fragmentación del ecosistema de humedal. Por otra parte la mejora en la eficiencia del regadío en el área perimetral del Parque Natural supone la sustitución del riego de inundación por sistemas de riego de goteo, lo que supondrá que esa supuesta “agua ahorrada” en realidad es agua que se detraerá a las aportaciones subterráneas al acuífero superficial de Parque Natural y al propio lago de l’Albufera, con gravísimas consecuencias ecológicas como son la desaparición de numerosas zonas de inundación o escorrentía y de la biota propia de estas áreas .

Por otra parte, los caudales circulados por la Acequia Real del Júcar, en la que se centran las esperanzas de obtener los principales “ahorros”, han experimentado un rápido declive en los últimos años, paralelo al del propio río Júcar:

Caudales en la Acequia Real del Júcar
Período de aforos Hm3/año
1964-1980 745
1981-2002 361
1992-2002 264
2000-2002 244

Hay que recordar que el PHCJ asignaba a la Acequia Real del Júcar una dotación de 392 hm3/año, que el PHN redujo a 300, a cuenta de los ahorros que debía permitir la modernización. Los datos disponibles indican que los ahorros previstos son ilusorios, y que, cualquiera que sea la cantidad que realmente se consiga ahorrar, dejará la Albufera prácticamente sin su principal fuente de caudal, que era la ARJ.

El BEI reconoce en su informe esta situación, pero acepta la explicación oficial de que “una parte de las aguas residuales tratadas en la EDAR de Pinedo, podrá ser utilizada para compensar esta pérdida, del orden de 30 hm3/año, durante la estación húmeda en la que no se necesita irrigación” (págs. 16 y 51)

La realidad es que este descenso de los retornos no puede ser compensado con los aportes de la EDAR de Pinedo (31 Hm3) porque la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Reutilización de las Aguas Residuales señala como condicionante:

“1.1.- Se condiciona la aportación de aguas residuales depuradas de la E.D.A.R. de Pinedo a la Albufera a que no se realice el aporte directo al lago, sino a través de los campos de arroz, o sistema de lagunaje similar, por lo que en la época en la que estos permanecen secos, no se podrá derivar directamente agua al Lago de la Albufera.”

En realidad, la lectura del apartado dedicado a la Albufera en el informe del BEI (págs. 15 y 16) permite comprobar la negativa opinión que le merece a la entidad la gestión realizada hasta ahora en este espacio natural por las autoridades españolas:

Sorprendentemente, no se realizó ningún estudio detallado de los efectos nocivos posibles del proyecto sobre la situación ambiental de la Albufera, el principal humedal de la cuenca cedente, durante los estudios de impacto ambiental .
[.....]
El argumento de que las necesidades de agua de la Albufera habían sido consideradas en el Plan Hidrológico no es muy consistente.[.....] Estas necesidades fueron groseramente estimadas en 100 hm3/año en el Plan Hidrológico (art. 24), pero no se ofreció ninguna justificación para este dato.

En otro punto de este mismo apartado, el BEI reconoce que “si no hubiera suficientes recursos de agua para garantizar el caudal ecológico y el volumen de la transferencia al Vinalopó, entonces el proyecto propuesto no sería sostenible, y no se debería emprender en primer lugar”.

Resulta sorprendente que, poco más adelante, y pese a todas las incertidumbres que el mismo BEI ha ido detectando respecto a esta afección crucial, la entidad declare que la administración está gestionando este problema “de modo responsable”, y dé por cerrado el asunto sin más que aconsejar que la Comisión solicite al gobierno español que informe sobre los estudios actualmente en curso , sobre la Albufera.

En efecto, en torno a la compleja problemática de la Albufera, está en marcha un ambicioso estudio que deberá estar terminado dentro del presente año, Al parecer, las conclusiones provisionales del citado estudio indican que para garantizar unos niveles básicos de supervivencia de este humedal, será necesario aumentar de modo significativo los caudales asignados al mismo, respecto a lo previsto en la planificación vigente y a los planes en estudio. Sin embargo, el BEI no tuvo en su informe la prudencia necesaria para recomendar que no se adoptara ninguna decisión definitiva hasta que estuviera concluido este decisivo estudio.

El Bajo Júcar, sin caudal mínimo establecido legalmente.

El Bajo Júcar es un LIC propuesto por las autoridades españolas para su inclusión en la Red Natura 2000 (Código 5232007), y está incluido en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.

En el bajo Júcar, la situación actual es aún más crítica que en la Albufera. Entre enero de 1995 y diciembre de 2003, los aforos del Azud de Cullera, penúltimo antes de la llegada al mar, y último punto de aforo disponible en el río, arrojan una media de caudales de 80,4 hm3. Además, los caudales son muy irregulares. Los datos de caudal diario indican que en un 55% de los días el caudal fue cero, y en otro 30%, inferior a 5 m3/seg (ver gráficos en el Anexo). Entre ese azud y el mar sólo llegan al río algunos retornos agrarios de muy escasa entidad que no alteran sustancialmente la situación.

Sin embargo, el BEI no hace alusión, en ningún apartado de su informe, al hecho de que el río Júcar está ya prácticamente desconectado del mar, y a la insólita situación de desprotección de este importante río, que no tiene un caudal mínimo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar. Por el contrario, el informe del BEI da a entender (pág. 38), que por el bajo Júcar circulan caudales “relativamente significativos”, con un volumen medio de 219 hm3, procedentes de las aportaciones realizadas por los tributarios del río aguas debajo de Tous, última infraestructura de regulación.

También este dato está equivocado. Entre Enero de 1995 y Diciembre de 2003 los mencionados tributarios (Sellent, Magro y Albaida, únicos de cierta significación) aportaron una media de 70,2 hm3/año. De nuevo aparecen graves discrepancias entre los datos reales de los aforos ubicados a lo largo del río y las medias de aportaciones restituidas utilizadas en la planificación oficial, que son al parecer elaboradas por determinados “expertos consultores bajo contrato”, y fueron las que se entregaron al BEI.

El informe de la Universidad de Valencia que puede examinarse en el Anexo da buena cuenta de la situación del río. A finales de un otoño especialmente húmedo como fue el de 2003, el caudal del bajo Júcar era del orden de 0,1 m3/segundo, y la salinidad de sus aguas, a varios kilómetros del mar, oscilaba entre 14 gr/litro en la superficie y más de 30 gr/litro en el fondo, esto es, prácticamente agua salada.

Los datos disponibles dejan fuera de toda duda la crítica situación del último tramo de este río, principalmente por la extracción prácticamente total del caudal para diversas aplicaciones económicas. Precisamente por esta razón, una de las condiciones establecidas por la Comisión Europea para la aprobación de la financiación fue el establecimiento y garantía de un caudal ecológico para este tramo del río.

Conclusión: la necesidad de restaurar los caudales ecológicos en el Júcar y la Albufera.

Dada la importancia de los ecosistemas del Bajo Júcar, y la entidad del propio río, que es el segundo en importancia del mediterráneo español, los caudales ecológicos mínimos que se pretenda establecer con aspiraciones de recibir la aprobación ambiental de la Comisión Europea tendrán que tener un volumen considerable. En conjunto, es previsible que, para alcanzar un estado ecológico bueno, o al menos moderado, en ambas masas de agua, las necesidades ambientales conjuntas del Bajo Júcar y la Albufera se moverán necesariamente en el orden de magnitud de varios cientos de hectómetros cúbicos anuales.

En la actualidad, estos caudales no están disponibles, literalmente no existen ya en la cuenca, pues se evaporan cada verano en La Mancha Oriental. El déficit ambiental existente es tan importante, que los posibles ahorros que se puedan obtener en la agricultura tradicional de la Ribera, si se consiguen, tendrán que ser asignados al mantenimiento del río y de la Albufera, y aún seguirán siendo muy insuficientes para asegurar un estado ecológico bueno o moderado de ambos espacios. Expresado de otro modo, los posibles ahorros de la agricultura tradicional valenciana, e incluso toda el agua que se pretendía traer del Ebro, ya están siendo gastados con creces en los regadíos subvencionados de La Mancha Oriental.

El informe del BEI no ha tomado en consideración esta situación, y se ha limitado a aceptar sin mayores indagaciones las tesis de los promotores del proyecto respecto al Júcar y la Albufera, a saber:

- Que el Júcar tiene suficiente caudal ecológico con las aportaciones de los tributarios aguas debajo de Tous, y con los vertidos urbanos

- Que la Albufera puede mantenerse con las aportaciones de su propia cuenca, de los retornos del arrozal y de la EDAR de Pinedo

Estas propuestas no son realistas, pues como se ha visto en las páginas anteriores, los caudales que aportan son manifiestamente insuficientes, y no podrán superar las exigencias de la Directiva Marco, ni las condiciones específicas impuestas por la Unión Europea para la aprobación de la financiación.

Las estimaciones del BEI sobre los caudales que se podrían efectivamente derivar desde el Júcar hasta el Vinalopó recortaban la cifra desde los 80 hm3/año del proyecto oficial hasta no más de 50 hm3/año, asumiendo que “en períodos secos el volumen transferido sería menor, mientras que en períodos húmedos obviamente podría ser mayor, posiblemente incluso alcanzando el máximo de 80 hm3/año (pág 13).

Es fundamental considerar que, en el momento de realizar estas estimaciones, el BEI no tuvo en cuenta la obligación de dejar ningún caudal ecológico en el río Júcar, pues la legislación actual no lo exige. De hecho, el estudio del BEI no hace alusión en ningún momento a la posibilidad ni a la necesidad de mantener un caudal ecológico mínimo en el Bajo Júcar. Sin embargo, como ya se ha indicado, el río entregó al mar caudal nulo durante el 55% de los días entre enero de 1995 y diciembre de 2003.

Con posterioridad a las estimaciones del BEI, la tercera condición establecida por la Unión Europea en la aprobación de la financiación establece la obligación de fijar y respetar el caudal ecológico del Júcar antes de proceder a cualquier trasvase. Con esta condición, la situación de caudal nulo registrada en el Júcar en la mayor parte de los días del año es obvio que no se podrá mantener. Será necesario destinar un considerable volumen de agua adicional para mantener un caudal ambiental mínimo en el río, so pena de incumplimiento de las condiciones, y de la consiguiente suspensión de la financiación.

Por consiguiente, si antes de que estuviera establecida esta obligación de caudal ecológico el BEI sólo estimaba un posible trasvase medio de 50 hm3/año, tras la imposición de esta obligación la cantidad trasvasable deberá ser necesariamente inferior. A título comparativo cabe recordar que el río Segura, cuya entidad es sensiblemente menor que la del Júcar (la mitad de aportación en régimen natural, aproximadamente), y cuyo tramo final no es LIC, y está totalmente canalizado y más modificado que el Júcar, tiene establecido en su Plan de Cuenca un caudal mínimo en desembocadura de 4 m3/seg. El río Ebro, cuya aportación natural es del orden de 10 veces mayor que la del Júcar, tiene establecido un caudal mínimo en desembocadura de 100 m3/seg, cifra que es considerada como insuficiente por la gran mayoría de los científicos que han estudiado este río.

Con los datos anteriores, cualquier caudal ecológico razonable que se pueda establecer en el Bajo Júcar, así como en la Albufera, trastocarán por completo las estimaciones de caudales disponibles realizada por el BEI. De hecho, en numerosos años hidrológicos secos o normales la cantidad trasvasable será nula o insignificante, y sólo en ejercicios marcadamente húmedos se podrán trasvasar cantidades significativas. Como se verá más adelante, el impacto de cualquier reducción adicional del caudal medio trasvasado resulta demoledor sobre la viabilidad económica del proyecto, aprobada por el BEI sobre criterios más que dudosos.

Resulta incomprensible que la Comisión Europea cerrase los ojos a esta situación y concediera financiación a esta obra, convertida en manifiestamente inviable por efecto de las condiciones impuestas por la propia Comisión. La actual Ministra de Medio Ambiente declaró el 15 de diciembre de 2003 que las citadas condiciones "resultan de muy difícil cumplimiento, pues, hoy día, el Júcar es ya un río sobreexplotado", y posteriormente, ya en el cargo de Ministra, ha reiterado sus dudas, señalando que: «El nuevo gobierno tiene que tener claro que esas condiciones pueden cumplirse, porque son muy estrictas ».

En estas condiciones, llama la atención la imprudencia con que la Comisión Europea, y en particular la DG de Política Regional, ha entregado una cuantiosa subvención europea, de más de 80 M€, aceptando que se inicien las obras y se gasten los recursos europeos en un proyecto cuya viabilidad depende, entre otros aspectos, de un factor tan incierto como es la disponibilidad de caudales para cumplir las condiciones de la propia Comisión. Un mínimo criterio de buena administración hubiera aconsejado esperar a que el Gobierno Español demostrase fehacientemente la existencia de los mencionados caudales para, en su caso, otorgar en firme las ayudas y dar paso al inicio de la obra.

Los costes: una masiva dilapidación de recursos públicos, españoles y europeos.

Como venía siendo habitual desde hace muchos años en la administración hidráulica española, los costes del trasvase fueron groseramente manipulados en el proyecto oficial, y de nuevo lo fueron en el documento de respuesta al cuestionario presentado por el BEI a comienzos de 2003, en el que el Gobierno Español calculaba un coste medio de 0,24 €/m3, sobre la base de una aportación media de 0,72 €/m3 .

El BEI revisó los cálculos del Gobierno Español y llegó a la conclusión de que, para los 50 hm3 que esperaba que se pudieran trasvasar como media, el coste previsible era de 0,47 €/m3 (pág 60). Sin embargo, el BEI se basó para sus cálculos en los datos de inversión y de operación facilitados por el Gobierno Español, en los cuales hay varios costes significativos que no están imputados. Por lo que se refiere a la inversión, los principales costes no imputados son los siguientes:

- Los costes de compensación eléctrica a Iberdrola sólo están incorporados parcialmente, pues esta empresa hidroeléctrica, propietaria del embalse de Cortes, desde donde se toma el agua, exige que se le abone no sólo la energía del agua no turbinada, sino también la elevación de la lámina de agua que permite realizar la toma en una cota superior al nivel natural del río, ya que el embalse de Cortes es de su propiedad.

- Los costes de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar, que sorprendente no han sido considerados como propios del proyecto en ningún momento, ni siquiera parcialmente, pese a que en varias ocasiones tanto el propio BEI como el Gobierno Español reconocen en sus respectivos informes que el agua a trasvasar procederá del ahorro obtenido mediante la modernización de los regadíos de la Ribera y canal Júcar-Turia. Estas obras estaban presupuestadas en el Plan Hidrológico de 1997 en 28.210 MPts, equivalentes a unos 170 M€.

- Los costes del “post-trasvase” del Vinalopó, destinados a facilitar el almacenamiento y la distribución del agua a las parcelas de riego, con un importe total de 59,4 M€.

Es interesante observar que estas inversiones son de un volumen similar al previsto para la conducción principal del TJV. Cabe asimismo señalar que la modernización de regadíos en la Ribera no tiene ninguna otra utilidad aparte de la de generar recursos para el TJV, ya que la “ineficiencia” de estos regadíos tradicionales es la que mantiene vivos desde hace siglos los ecosistemas de la Ribera y la Albufera.

Y por lo que se refiere a los costes de explotación, el Gobierno Español asumió varias hipótesis escasamente realistas en relación con la recuperación de energía eléctrica, con las pérdidas, y con otros factores que implican que, como es habitual, los costes operativos sean en la realidad muy superiores a los calculados inicialmente. El BEI no revisó estos supuestos, limitándose a asumirlos sin cuestionamiento alguno.

El siguiente aspecto a considerar es la influencia que tendrán sobre los costes reales del TJV la obligación de mantener un caudal ecológico en el Júcar, impuesta por la Comisión Europea, y la obligación de caudal ecológico para la Albufera que se derive de los estudios en curso. Ambas obligaciones supondrán nuevas reducciones del caudal disponible, e implicarán que la media de 50 hm3 anuales trasvasables, prevista por el BEI sin considerar estas obligaciones, no se podrá alcanzar.
El BEI elaboró una curva de costes en función del volumen trasvasable, que se reproduce a continuación. La flecha señala el punto de 50 hm3/año, correspondiente a un coste de 0,47 €/m3. En el gráfico se incluye también el coste de la desalación, estimado en 0,60 €/m3, que está fuertemente sobreestimado, como se verá más adelante.

Lo relevante en este gráfico es observar que al reducirse los volúmenes trasvasables por debajo de 50 hm3/año de media, el coste unitario se eleva rápidamente, de modo que para 0,35 hm3/año ya supera los 0,60 €/m3, y a partir de ese punto aumenta de modo exponencial.

Si se imputasen todos los costes reales asignables al proyecto, arriba señalados y no considerados por el Gobierno Español y por el BEI, y además se considerase el efecto de la reducción de caudales, el precio resultante sería probablemente mayor de 1 €/m3.

El proyecto Júcar-Vinalopó se presenta de este modo como dilapidación de presupuestos públicos en beneficio de un pequeño grupo de usuarios del norte de Alicante, perteneciente a los sectores agrario y, sobre todo, turístico. No hay que olvidar, a este respecto, que aunque de los 80 hm3/año autorizados, 55 van destinados al sector agrario y 35 al sector urbano, el Convenio de los Usuarios con la Empresa Estatal Aguas del Júcar determina que, en caso de que no se puedan transferir más de 35 hm3 en un año, los abastecimientos urbanos tendrán prioridad sobre la agricultura . Ello supone que, dadas las perspectivas de volumen trasvasable, el auténtico beneficiario del trasvase serían los abastecimientos urbanos de la costa de Alicante, cuyos incrementos de demanda provienen esencialmente del sector turístico.

En definitiva, el TJV envía agua del Júcar para el sector turístico de Alicante, a costa de generar graves daños ambientales en la cuenca cedente, con una masiva subvención estatal que permita entregar esa agua muy por debajo de su coste real, y justificando de este modo la realización de un enorme conjunto de obras totalmente innecesarias por valor de más de 500 M€ entre la conducción principal y las obras conexas, y con grandes aportaciones de fondos comunitarios.

Una aprobación de ayudas europeas plagada de irregularidades

La aprobación de las ayudas comunitarias al proyecto TJV ha tenido lugar en el marco de un cúmulo de irregularidades y vulneraciones de la normativa de gestión de los fondos comunitarios.

En primer lugar, las ayudas se enmarcan preceptivamente dentro del Programa Operativo de la Comunidad Valenciana, una autonomía cuyo Gobierno Regional manipuló la contabilidad regional utilizando datos atrasados, para conseguir mantenerse dentro del Objetivo 1 de la Política Regional que permite el acceso a los Fondos Estructurales, pese a que su PIB regional superaba el 75% de la media europea, y por tanto no tenía derecho a estos fondos. Así lo reconoció el anterior Comisario de Política Regional, Michel Barnier, en su contestación a una pregunta parlamentaria de la diputada Mónica Frassoni. Los textos de la pregunta y la respuesta se incluyen en el Anexo.

En segundo lugar, en la contratación pública de servicios para la ejecución de las obras, la Administración Española vulneró la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, DO L 209, 24/07/1992, al no publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas al menos una licitación pública que estaba obligada a publicar.

Este hecho dio lugar a la presentación de una queja por parte de la Plataforma Xúquer Viu, el 23 de enero de 2004. La Comisión contestó con fecha 22 de abril de 2004 indicando que había solicitado información al gobierno español sobre este particular, encontrándose a la espera de respuesta. Los textos de la queja y la respuesta se incluyen en el Anexo.

En tercer lugar, la actuación del BEI en tanto que entidad asesora de la Comisión Europea en este proyecto, según lo previsto en la reglamentación reguladora de los Fondos Estructurales no se ajustó a los principios de neutralidad y transparencia, de derecho a la participación y de no discriminación, que deben presidir la actuación de todas las instituciones de la Unión Europea.

En efecto, para la elaboración del informe sobre el TJV, el personal del BEI se entrevistó con los representantes de la posición favorable al proyecto, es decir: los promotores (Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar, y Aguas del Júcar, S.A.), las autoridades regionales coadyuvantes (Generalidad Valenciana y Consejería de Obras Públicas y Transportes) y los beneficiarios (Junta General de Usuarios, Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, del Medio Vinalopó-Alacantí, y el Consorcio de la Marina Baja) e interesados económicamente (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Sin embargo, a pesar de conocer la posición crítica frente al proyecto (es citada en el apéndice D del informe del BEI) excluyeron entrevistarse, consultar o invitar a las reuniones realizadas, a las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental (WWF/Adena, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife) y científico (Fundación Nueva Cultura del Agua), que habían denunciado el proyecto ante la Comisión.

Este hecho fue denunciado por los perjudicados en la sesión del Comité de Peticiones del PE del 27 de abril de 2004, y va a ser objeto de nuevas acciones jurídicas en el contexto europeo por parte de la Plataforma Xúquer Viu. En Anexo se presenta la síntesis de la argumentación jurídica en torno a este hecho.

Una alternativa viable y socialmente aceptable

La inviabilidad ecológica y económica, así como las irregularidades de procedimiento que se han producido en el proyecto TJV aconsejan que la Comisión Europea suspenda la financiación del proyecto, para evitar las negativas consecuencias que ciertamente se derivarían en el caso de que continuasen las obras.

Ante la situación de agotamiento de los acuíferos del Medio y Alto Vinalopó, se hace necesario elaborar una, que no sólo sea ambiental e hidrológicamente viable, sino también socialmente aceptable, tanto por parte de las comarcas del Júcar como de las del Vinalopó. Para conseguir una aceptación consensuada, es necesario que todos los agentes implicados en el conflicto salgan ganando de algún modo con la alternativa propuesta, frente a la alternativa actual.

Los colectivos o comunidades implicadas en el proyecto son, por parte de la cuenca receptora, las comunidades de usuarios beneficiarias del trasvase, y por parte de la cuenca cedente, las comunidades de regantes del Júcar y las organizaciones ciudadanas que se han implicado en el problema, apoyadas por diversas organizaciones ecologistas y científicas, que han cuestionado el proyecto desde su inicio.

Los primeros sólo aceptarán una solución que les permita acceder a un volumen de agua similar al que cabría esperar del proyecto de trasvase aprobado, y siempre que no haya diferencias sustanciales de coste.

Los segundos, y particularmente el movimiento social, sólo aceptarán alternativas que supongan la cancelación de la actual conducción, aunque pueden estar dispuestos a discutir ciertas cesiones de agua vía ATS en aquellos años hidrológicos especialmente húmedos, en los que se verifique la presencia de sobrantes.

Para establecer una alternativa viable y eficiente, se pueden movilizar los siguientes recursos:

Dotaciones de agua del Júcar asignadas al Vinalopó y transportadas vía ATS:

Dada la precaria situación del Bajo Júcar, no se puede contar con una asignación regular del Júcar, que con toda probabilidad quedará cuestionada cuando se aborde una revisión honesta del PHCJ según los principios de la DMA.

En estas condiciones únicamente cabría estudiar un régimen de asignación de ciertos volúmenes en años netamente excedentarios, con un volumen de almacenamiento dedicado en alguno de los embalses de la extensa red que está interconectada a través del ATS, que en realidad integra hasta cierto punto las cuencas del Tajo, el Júcar y el Segura. Cabría también estudiar intercambios de derechos en régimen de banco de aguas entre usuarios del Vinalopó, y usuarios del Júcar y de la Mancha, e incluso, eventualmente, del Tajo. A salvo de estudios más detallados, no parece imposible conseguir por estos medios algunas decenas de hm3 como promedio anual, sin que sea posible precisar más las cifras por el momento, a expensas de los estudios en curso en el Bajo Júcar y en la Mancha Oriental.

Para el transporte de recursos tan variables y aleatorios no parece que tenga sentido continuar la construcción de una conducción tan costosa como la iniciada en Cortes de Pallás, máxime existiendo el ATS con una amplia capacidad vacante. Aunque la Administración anterior aseguró al BEI y a la Comisión Europea que el ATS no podía transportar más de 10 hm3/año con destino al Vinalopó y el Alacantí, y el BEI lo asumió una vez más sin realizar comprobación alguna (pág 17), esto no es cierto.

La realidad es que el ATS, desde Alarcón hasta el Segura, tiene una capacidad de más de 900 hm3/año, y unas obligaciones máximas de transporte de 600 hm3/año, que no se suelen cumplir, dejando en cualquier caso varios cientos de hm3 de capacidad vacante cada año. Existen ciertos problemas de explotación para el suministro a regadíos de La Mancha Oriental, por falta de regulación específica (la regulación la aporta el canal), pero esos problemas son resolubles, y además se plantean sólo en verano. Además, con ciertas mejoras puntuales, la capacidad del ATS se puede incrementar por encima de 1.000 hm3 anuales.

Así mismo, en todo el itinerario del post-trasvase desde Ojós hasta Crevillent (Bajo Vinalopó), la capacidad inutilizada se mantiene muy por encima de 200 hm3/año, según demuestran los datos de circulación de caudales por esa conducción, en un año hidrológico como el 2002-2003, en el que el ATS transportó 512 hm3, frente a un máximo autorizado de 600 hm3:

ATS y post-trasvase margen izquierda. Aforos año hidrológico 2002-2003.
Tramos Capacidad conducción Volumen transportado Capacidad Vacante % libre
ATS – entrada al Talave 840 512 328 39%
Canal Margen Izquierda 870 443 427 49%
Inicio canal de Crevillent 480 159 321 67%
Torrealta-Crevillent 420 89 331 79%
Entrada embalse Crevillent 270 45 225 83%

Interesa recordar, asimismo, que la tarifa que aplica el Gobierno Español al agua del Júcar conducida por el ATS hasta la Marina Baja es de 0,1 €/m3.

Por lo que se refiere a las infraestructuras de transporte de agua potable, desde la depuradora de Torrealta parten dos conducciones, una de 2,15 metros de diámetro y otra de sección ovoidal, de 1,5 metros de alto por 0,9 de ancho. La capacidad conjunta de transporte de ambas conducciones no baja de 200 hm3/año. El último tramo de este sistema de conducciones costeras, desde Alicante hasta Benidorm, tiene una capacidad de 900 litros/seg, lo que permite transportar más de 25 hm3/año. Por otra parte, la capacidad de tratamiento de la planta potabilizadora de Torrealta ha sido recientemente incrementada desde 9.000 a 21.000 m3/hora, lo que permite tratar más de 180 hm3/año. En febrero de 2004, Torrealta no estaba tratando más que 4.000 m3/hora, por lo que tres cuartas partes de la capacidad de transporte del sistema del Taibilla en Alicante permanecen ociosas. Con el incremento previsto de capacidad de desalación en Alicante, estas infraestructuras pueden quedar con un uso casi marginal.

Una vez entregada en el embalse de Crevillent, en cuyas instalaciones está aprobado un proyecto de mejora para aumentar la capacidad y facilitar las operaciones de entrada y salida, el agua puede ser bombeada hasta el Medio Vinalopó a costes mucho más bajos a los del bombeo por el TJV. Además el caudal a bombear sería mucho menor, pues se limitaría al agua de uso agrario del Medio Vinalopó. El agua del Alto Vinalopó (agraria y urbana) y el agua urbana del Medio Vinalopó, no se bombearían, sino que se entregarían por compensación de caudales con usuarios de la costa, y especialmente con Aguas de Alicante, que se aprovisiona en pozos del Alto Vinalopó.

Por último, interesa señalar que los programas de infraestructuras agrarias del post-trasvase que están en ejecución en el Alto y Medio Vinalopó, a cargo de SEIASA y de la Consellería de Agricultura de la Generalitat, incluyen la construcción de importantes capacidades de regulación en ambas comarcas, hasta 22 hm3, que se suman a las ya existentes, de 15 hm3.

Reutilización

En la actualidad existe un proyecto de la Generalitat Valenciana para aplicar a las aguas depuradas de Alicante post-tratamientos de desalinización que hagan aceptable el agua depurada para los agricultores, que la rechazaban por su excesiva salinidad.

Este proyecto debería ser revisado, pues con la entrada en servicio de la desaladora de Alicante, al reducirse la salinidad del agua de entrada, la salinidad del agua de salida debe haber bajado notablemente, y lo hará más aún con las nuevas plantas ahora previstas. Además, al ser el agua desalada muy poco calcificada, en las ciudades que se abastecen por desalación no es necesario descalcificar el agua, por lo que se eliminan los vertidos salinos de los sistemas de descalcificación, que han sido siempre de uso corriente en Alicante.

De cualquier modo, está previsto conducir importantes cantidades de agua regenerada al Medio Vinalopó y al Alacantí con fines agrarios. Hay que tener en cuenta que la población en la provincia de Alicante está creciendo a ritmos muy elevados, de hasta el 5% anual, y por tanto la producción de agua depurada tenderá a incrementarse a un ritmo similar. A salvo también de una evaluación cuantitativa detallada, esta fuente de recursos puede aportar varias decenas de hm3 cúbicos anuales, por encima de los volúmenes actualmente reutilizados. Esta fuente de recursos debe incluirse en el nuevo balance de recursos a realizar en la zona.

Desalación

La desalación de aguas marinas debe facilitar el resto de los recursos necesarios, hasta completar los compromisos de entrega de AJUSA en el proyecto del TJV.

El anterior Gobierno Español estuvo desacreditando la desalación como alternativa al trasvase utilizando sistemáticamente los datos de costes de la desaladora de Alicante, que está afectada por serios errores de proyecto y de gestión que encarecen injustificadamente el agua. El proyecto de Alicante ha sido un modelo de mala gestión, con más de 8 años de ejecución a lo largo de los cuales se han sucedido los probemas con los pozos, los emisarios, los tendidos eléctricos, etc... Todo ello ha llevado a casi duplicar el presupuesto de inversión inicialmente previsto de casi 34 €M, y a generar diversos conflictos a raíz de la repercusión de los costes del agua de esta planta sobre las tarifas de agua potable.

Pese a que estas irregularidades son perfectamente conocidas en el sector, el Gobierno Español presentó en su respuesta al cuestionario del BEI los costes de la desaladora de Alicante, evaluados contablemente en 0,65 €/m3, como representativos del coste del agua en el Mediterráneo español. Una vez más, el BEI aceptó este dato sin realizar comprobación alguna.

Sin embargo, El BEI tiene la obligación de saber que los grandes contratos de desalación en el mercado internacional se están celebrando en los últimos años a costes en el entorno de entre 0,40 y 0,45 €/m3:

- En enero de 2002 se adjudicó en Israel la construcción y explotación de la planta de Ashkelon de 50 hm3/año, a un precio de 0,527 $/m3, con garantía de compra de toda la producción durante 25 años. Al año siguiente la empresa adjudicataria ofreció la ampliación en otros 50 hm3/año a 0,47 $/m3.

- En enero de 2003, el gobierno de Singapur adjudicó una planta de 48 hm3/año (proyecto SingSpring) a 0,45 $/m3, con garantía de compra para 20 años.

Además, en el mediterráneo español existen varias referencias sobre los costes reales de la desalación según las concesiones oficiales de explotación (sin amortizaciones) adjudicadas en firme por concurso público en algunas centrales:

- Blanes – Gerona (10 hm3/año): 0,34 €/m3
- Carboneras – Almería (42 hm3/año): 0,27 €/m3

Por lo que se refiere a la amortización de la inversión, con las centrales funcionando a pleno rendimiento, y adoptando plazos de amortización ajustados a la vida real de las plantas se obtienen costes entre 0,08 €/m3 para grandes plantas (>40 hm3/año) y 0,12 €/m3 para pequeñas plantas (<15 hm3/año).

En España, la empresa estatal Aguas del Segura está a punto de comenzar la construcción de la planta de Valdelentisco, en las cercanías de Mazarrón (Murcia), de 50 hm3/año, para la cual se ha estimado un coste total de 0,36 €/m3, sin subvenciones, pero con un 50% del capital aportado por el Estado en condiciones de devolución muy ventajosas, y con amortización a 25 años para toda la planta.

En conjunto, el abanico de costes reales que se puede manejar actualmente en el mediterráneo español oscila entre 0,36 y 0,46 €/m3, dependiendo del tamaño de la planta y de diversos factores específicos. Además, estos costes tienden a bajar, frente a los de los trasvases y la obra hidráulica en general, que tienden a subir.

Por último, la afirmación del BEI de que hay que añadir a los costes de desalación los costes de transporte para los usuarios del interior, tampoco es cierta. No es necesario transportar el agua desalada hacia el Medio o el Alto Vinalpó, puesto que actualmente se están extrayendo en esas comarcas grandes volúmenes de agua para usuarios en la costa, que se pueden dedicar a satisfacer las necesidades de las comarcas interiores, compensando a los usuarios de la costa con agua desalada, como ya se indicó anteriormente. Existe la legislación necesaria para adoptar estas medidas.

A la vista de estos datos, que son oficiales, el BEI no puede seguir sosteniendo que el coste del agua desalada en Alicante es de 0,55 €/m3, o de 0,60 €/m3 incluyendo el transporte. Asimismo, la Comisión Europea no puede aceptar los costes presentados por el Gobierno Español y aceptados por el BEI para la desalación de agua marina, habiendo financiado con fondos comunitarios hasta en un 85% varias instalaciones que están produciendo agua a costes netamente inferiores (Blanes, Carboneras, Palma de Mallorca).

Por último, interesa recordar que en las últimas semanas se ha anunciado la construcción de varias centrales de desalación en la costa de Alicante, con un volumen total de producción de 145 hm3 anuales, en sustitución del fracasado proyecto del trasvase del Ebro. La Ministra de Medio Ambiente ha declarado que el coste del agua desalada se calcula en 0,33 €/m3. En estas condiciones, resultaría incomprensible que se mantuviera el proyecto de trasvasar agua con graves impactos ambientales y con un coste reconocido de 0,47 €/m3, que en realidad sería muy superior.

Cabe señalar, por último, que en el momento actual únicamente se ha avanzado de modo sustancial en las obras del tramo 1, correspondiente a la elevación del agua desde el embalse de Cortes hasta la balsa de regulación, situada 500 metros más arriba. Esta obra puede ser reutilizada como infraestructura hidroeléctrica, por lo que tras la paralización del proyecto no se perderían las inversiones realizadas en ella.

Conclusión: cerrar un capítulo lamentable en las relaciones España - CE

La Comisión Europea se vió prácticamente forzada a aprobar el proyecto como elemento de distensión ante las fuertes presiones que realizaba el Gobierno Español a finales de 2003 para la aprobación del trasvase del Ebro antes de las elecciones generales. Las estrictas condiciones impuestas por la DG de Medio Ambiente de la Comisión dan buena cuenta del malestar que existía en la Comisión acerca de este proyecto, cuya vinculación con el trasvase del Ebro era obvia, pero había sido negada oficialmente por el Gobierno Español.

La existencia de estas condiciones sitúa al proyecto ante un dilema sin solución: o se cumplen las condiciones, en cuyo caso el proyecto es manifiestamente inviable y se dilapidarán en su construcción cuantiosos recursos europeos en condiciones perfectamente previsibles de antemano, con las responsabilidades a que ello diera lugar; o se incumplen las condiciones, trasvasando agua sin respetar los caudales ecológicos, lo cual, además de generar otras responsabilidades no menos graves, conduciría al declive ecológico final tanto del Bajo Júcar como de la Albufera.

Si la Comisión estableció la condición del establecimiento de un caudal ecológico para el Júcar, es porque tenía dudas razonables de que ese caudal existiera. De lo contrario no hubiera tenido sentido alguno el establecimiento de esa condición. En tales circunstancias, el más elemental sentido de la prudencia recomendaba suspender la financiación hasta que quede asegurada la disponibilidad de caudales para garantizar un caudal ecológico razonable. No se hizo así, posiblemente por las presiones políticas a las que se vio sometida la Comisión.

En estas condiciones, resultaría completamente incomprensible que se mantuviera la continuidad de las obras de un proyecto sujeto a las incertidumbres y riesgos del trasvase Júcar-Vinalopó. Los mismos criterios y principios de sostenibilidad que han aconsejado cancelar el trasvase del Ebro, son de aplicación al trasvase Júcar-Vinalopó, pero con la diferencia de que el impacto de éste último sobre el Júcar sería aún más grave que el que hubiera generado el del Ebro, pues el Júcar está en una situación de deterioro mucho más límite. En el momento actual, no se puede posponer por más tiempo la decisión de paralizar las obras hasta que se aclaren los graves interrogantes que pesan sobre el proyecto. Con la suspensión de las obras actuales y la adopción de la alternativa aquí propuesta, o de cualquier otra que incluya la cancelación de la conducción y el replanteamiento de la solución del problema del Vinalopó, se cerraría definitivamente un capítulo lamentable de las relaciones entre la Comisión y el Estado Español, en materia de política del agua.

 

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