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y las soluciones alternativas
Fundación Nueva Cultura
del Agua
Valencia, mayo 2004
Síntesis
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El río Júcar
es el segundo en importancia del Mediterráneo Español, después del Ebro.
El desarrollo de la agricultura de regadío extensivo en La Mancha, fomentado
por la PAC, ha trastocado el equilibrio hidrológico del Júcar, reduciendo
severamente su caudal de base, y provocando una grave crisis de sostenibilidad
en toda la cuenca, que se agudiza en el tramo inferior del río. A la llanura
costera de Valencia llega actualmente, como media, menos de la mitad del
caudal que llegaba hace veinte años.
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La Albufera
de Valencia, un humedal RAMSAR de importancia internacional, depende de
las aportaciones de agua del río Júcar, y de los retornos y sobrantes
de los regadíos tradicionales. Este valioso ecosistema se encuentra en
estado crítico por el efecto combinado de la gran reducción de caudales
y el aumento de la contaminación.
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El tramo final
del Júcar es un LIC propuesto por las autoridades españolas para su inclusión
en la Red Natura 2000 (Código 5232007), y está incluido en el catálogo
de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. Su situación actual es aún
más crítica que la de la Albufera, por la pérdida casi total de su caudal.
Entre 1995 y 2003, los aforos oficiales indican que el río entregó al
mar una media de 80,4 hm3/año, menos de un 5% de la aportación natural
del río.
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El gobierno
español pretende modernizar los riegos tradicionales de la comarca de
la Ribera, reduciendo drásticamente las dotaciones de riego que recibe
del Júcar, para trasvasar los recursos así liberados (80 hm3/año) a la
cuenca del Vinalopó y, especialmente, a la costa de Alicante y Benidorm.
Estos proyectos amenazan con privar a la Albufera y al tramo final del
Júcar de sus últimos caudales de supervivencia.
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En las Evaluaciones
de Impacto Ambiental, tanto del proyecto Júcar-Vinalopó como del proyecto
de modernización de regadíos en la Albufera, ambos con financiación comunitaria
aprobada, no se contempló el impacto de las obras sobre la Albufera. Incomprensiblemente,
la Comisión Europea no exigió el estudio de estos impactos en la solicitud
de subvenciones, y el BEI recomendó la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó
reconociendo explícitamente que ese impacto crucial estaba sin aclarar.
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No obstante,
la Comisión Europea impuso para la financiación del trasvase varias condiciones
fundamentales para la protección de ambos ecosistemas. Aparte de la prohibición
de trasvasar al Júcar agua del Ebro (proyecto ya cancelado), o de otras
cuencas, la Comisión exigió que antes de cualquier trasvase se garantizasen
las necesidades medioambientales de la cuenca, y en particular, se fijase
y respetase un caudal ecológico para el Júcar. La Comisión recalcó asimismo
la obligación de cumplimiento de los principios y disposiciones de la
Directiva Marco.
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Existe amplio
acuerdo entre los especialistas en que, para alcanzar en la Albufera y
en el Bajo Júcar un buen estado ecológico, y para cumplir las condiciones
ambientales impuestas por la Comisión Europea, sería necesaria la aportación
a ambos espacios naturales de caudales de considerable magnitud. En estas
condiciones, cualquier posible ahorro de agua que se pueda conseguir en
los regadíos de la Ribera o en la Mancha, tendrá que ser asignado a la
mejora del estado ecológico de la Albufera y del Bajo Júcar, para asegurar
el cumplimiento de las condiciones de la Comisión.
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El Banco Europeo
de Inversiones hubiera sido plenamente consciente de esta situación si
en su visita al territorio en junio de 2003 hubiera solicitado entrevistarse
con las organizaciones medioambientales y científicas críticas con el
proyecto. En lugar de ello, aceptó el programa que le propuso el Gobierno
Español, en el que se realizaron 7 reuniones con la participación de más
de 25 especialistas en materia técnica, medioambiental, económica y financiera,
así como 11 visitas a entidades usuarias del agua. Todas las entidades
y personas entrevistadas, sin excepción, eran partidarias reconocidas
del trasvase. La visita se mantuvo en tal secreto, que los medios de comunicación
locales tardaron varios días en enterarse y publicar alguna breve reseña
de la misma. Este episodio ha sido considerado por las ONG’s como una
actuación bochornosa e inadmisible, no sorprendente por parte del anterior
gobierno estatal ni del actual gobierno regional, pero sí completamente
fuera de los usos y comportamientos que presiden la actuación de las instituciones
comunitarias en materia de participación, transparencia, y neutralidad
en la gestión pública.
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A partir del
verano de 2003, y estimulada por hechos como los citados, la conciencia
de la crisis ecológica del Júcar y la Albufera se fué extendiendo rápidamente
por las comarcas de la Ribera. Desde la creación formal en Noviembre de
2003 de la Plataforma Xúquer Viu, 16 ayuntamientos han aprobado mociones
a favor de la cancelación del TJV, y se han recogido en la comarca de
la Ribera más de 15.000 firmas con las mismas demandas. La concienciación
social va en aumento, y en esta situación, el cumplimiento de las condiciones
de la financiación europea va a ser estrictamente vigilado.
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En este contexto
técnico, social y político, el trasvase Júcar-Vinalopó es inviable. Su
construcción crearía un permanente conflicto interterritorial, su funcionamiento
no podría cumplir las condiciones establecidas, y sería denunciado reiteradamente
ante la Comisión Europea, y si pese a todo se realizaran ilegalmente los
trasvases previstos, se condenaría a la Albufera y al Bajo Júcar a un
seguro colapso ecológico.
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Si la Comisión
estableció la condición de fijar y respetar un caudal ecológico antes
de realizar ningún trasvase, es porque no estaba segura de que existieran
recursos para mantener ese caudal ecológico. Por consiguiente, al aceptar
que se realicen las obras antes de verificar la existencia de esos caudales,
la Comision está arriesgándose a dilapidar una gran cantidad de dinero
europeo. La prudencia más elemental habría recomendado, tanto por parte
de la Comisión como del BEI, no librar la financiación hasta que el Estado
Español hubiera demostrado su capacidad y su compromiso de cumplir las
condiciones establecidas.
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Por el contrario,
la DG de Política Regional decidió aprobar la financiación del proyecto
sin esperar a que el Gobierno Español demostrase la existencia de caudales
para cumplir las condiciones ambientales. En su comparecencia en el Parlamento
Europeo en Estrasburgo, el 16 de diciembre de 2003, el Comisario Barnier
justificó la aprobación del proyecto en las conclusiones del informe del
BEI, que de este modo se convirtió en pieza fundamental en este conflicto,
pese a haber sido realizado en las condiciones señaladas más arriba, y
con los graves errores que se describen en el presente documento.
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En el momento
actual, la situación de la política del agua en España ha cambiado por
completo. Según acaba de anunciar el nuevo Gobierno Español, la provincia
de Alicante va a obtener gran cantidad de agua con los proyectos alternativos
al trasvase del Ebro, ya presentados en Bruselas. Las actuaciones urgentes
contemplan aportar en esta provincia 145 hm3/año de agua desalada, más
otros 30 de agua reutilizada.
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Con estas
medidas quedará resuelto el abastecimiento en las comarcas costeras para
un largo período de tiempo. En las comarcas interiores del Medio y Alto
Vinalopó, el modo más económico y garantizado de aportar nuevos recursos
es a través de una combinación de medidas de reutilización, desalación
marina y, en años muy húmedos, transferencia de recursos del Júcar por
las infraestructuras ya existentes.
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Los recursos
procedentes de la reutilización van a alcanzar volúmenes crecientes en
los próximos años, dada la fuerte dinámica poblacional y turística que
registra la costa de Alicante, y pueden ser transportados fácilmente hasta
el Medio Vinalopó, a costes mucho menores que los del TJV.
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Respecto a
la desalación, la nueva Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
ha declarado recientemente que su coste es ya de 0,33 €/m3, y sigue bajando,
mientras que el BEI calculó el coste real del agua del TJV en 0,47 €/m3,
con hipótesis muy optimistas. El agua desalada no debe ser bombeada al
Medio ni al Alto Vinalopó, sino que se puede compensar con el agua que
actualmente se envía desde estas comarcas a la costa, que es la responsable
del agotamiento de los acuíferos.
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La conducción
Tajo-Segura existente, que conecta el Júcar y el Vinalopó, está infrautilizada,
y cuenta con cientos de hm3/año de capacidad vacante para transportar
recursos eventualmente procedentes del Júcar, en años muy húmedos. Es
ridícula la afirmación del BEI de que un canal de 1.000 hm3/año de capacidad,
con recursos autorizados de 600 hm3/año, no puede transportar algunas
decenas de hm3 más.
· La paralización de las obras se puede aplicar actualmente sin graves pérdidas económicas, pues las obras del tramo 1, que son las únicas sustancialmente avanzadas, podrían ser reconvertidas con fines hidroeléctricos.
| · En estas condiciones, las organizaciones peticionarias solicitan al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que inste a la DG de Política Regional a adoptar las siguientes medidas: - Reclamar del Banco Europeo de Inversiones la reapertura del informe “Detailed Analysis. Conducción Júcar-Vinalopó”, llevando a cabo las entrevistas con las organizaciones opuestas al proyecto que debió haber realizado en junio de 2003, y recabando del Gobierno Español una revisión y actualización de la información suministrada por el gobierno anterior. - Preguntar al Banco Europeo de Inversiones si para la realización del informe contó con alguna clase de ayuda técnica externa, facilitada por el gobierno español, o vinculada de algún modo con el territorio o con la problemática en estudio. - Preguntar al Gobierno Español si los nuevos proyectos de desalación en Alicante presentados ante la Comisión para su financiación europea modifican de algún modo las previsiones del TJV, y en particular, en qué medida y a qué costes las demandas que debía de satisfacer el TJV en el Bajo Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, quedarán cubiertas con las nuevas plantas desaladoras. - Suspender temporalmente la financiación del proyecto en tanto no queden sustanciadas las actuaciones anteriores, y en tanto el nuevo Gobierno Español no demuestre estar en condiciones de cumplir las condiciones impuestas por la Comisión, y en general, de asegurar el buen estado ecológico de los espacios protegidos del Bajo Júcar y la Albufera. |
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